mayo 29, 2026
43 días después de que el tribunal dictaminara que la Junta actuaba de forma ilegal, el registrador solicita sanciones por desacato
Cuarenta y tres días después de que el Tribunal Superior del condado de Maricopa dictaminara que la Junta de Supervisores actuaba de forma ilegal y le ordenara devolver la autoridad electoral, el personal, los sistemas y los recursos al registrador del condado de Maricopa, la Junta se ha negado deliberadamente a cumplir la orden del tribunal.
Ayer, el registrador Justin Heap presentó una solicitud de orden de comparecencia en la que pedía al tribunal que declarara a la Junta en desacato civil por su continua negativa a cumplir la sentencia del tribunal del 16 de abril.
La orden del Tribunal fue clara. Se ordenó a la Junta que devolviera el personal informático electoral, los sistemas, las bases de datos, los programas informáticos, los sitios web y el equipo al control del registrador, o que financiara inmediatamente su sustitución. Además, el Tribunal prohibió a la Junta ejercer las funciones electorales asignadas por la ley de Arizona al registrador y reafirmó la obligación de la Junta de financiar los gastos electorales necesarios del registrador.
Cuarenta y tres días después:
• La Junta no ha devuelto el personal informático, los servidores, las bases de datos ni los sitios web que el registrador necesita para llevar a cabo sus funciones legales.
• La Junta se ha negado a autorizar el uso de los fondos estatales y federales asignados para la administración electoral.
• Durante las elecciones jurisdiccionales de mayo, el director electoral de la Junta ordenó a los trabajadores electorales de los centros de reemplazo de boletas gestionados por el Registrador que ignoraran las instrucciones del personal del Registrador relativas a la información de los votantes exigida por la ley de Arizona, alegando que el personal directivo del Registrador no tenía autoridad en los centros de reemplazo de boletas administrados por la Oficina del Registrador.
• La Junta aprobó una resolución en la que reclamaba la autoridad sobre los buzones de entrega anticipada de boletas durante el período de votación anticipada, a pesar de que la ley de Arizona asigna dicha autoridad al Registrador y de que la orden judicial prohíbe a la Junta ejercer las funciones electorales delegadas al Registrador.
La Junta no se ha limitado a retrasar el cumplimiento. Ha continuado con la misma conducta que el Tribunal consideró ilegal. A lo largo de este periodo, la Oficina del Registrador solicitó repetidamente la cooperación, propuso planes de transición por fases, ofreció acuerdos de intercambio de recursos y brindó múltiples oportunidades para el cumplimiento voluntario. La Junta rechazó esos esfuerzos y continuó con su patrón de obstrucción y retrasos.
El Registrador solicita al Tribunal que ordene a la Junta comparecer y explicar por qué no debe ser declarada en desacato, que imponga sanciones suficientes para obligar al cumplimiento y que condene al pago de los honorarios y costas de los abogados.
«El Tribunal resolvió estos asuntos hace 43 días», afirmó el registrador Justin Heap. «Desde entonces, la Junta se ha negado a cumplir, ha seguido ejerciendo poderes que el Tribunal dictaminó que no posee e incluso ha interferido con el personal del Registrador en el desempeño de sus funciones legales en los centros electorales gestionados por el Registrador. Los votantes del condado de Maricopa merecen una administración electoral que respete la ley, respete a los tribunales y se centre en la realización de elecciones que sean legales, seguras, precisas, accesibles y dignas de la confianza del público».
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