agosto 25, 2025
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El registrador Justin Heap se niega a dar marcha atrás ante un ataque sin precedentes contra la integridad electoral en el Condado de Maricopa
PHOENIX, AZ – Hoy, el registrador del condado de Maricopa, Justin Heap, emitió la siguiente declaración conjunta sobre dos mociones judiciales contundentes que America First Legal ha presentado en su nombre ante el Tribunal Superior del Condado de Maricopa. Estas mociones revelan cómo la Junta de Supervisores del Condado y la fiscal Rachel Mitchell han utilizado el gobierno del condado como arma contra el registrador electo, Justin Heap, simplemente por atreverse a cumplir con sus funciones legales y proteger la integridad de las elecciones en Arizona. Las presentaciones jurídicas sacan a la luz detalles impactantes sobre una represalia coordinada en contra del registrador Heap que parecen confirmar los peores temores de todos respecto a las elecciones en el condado de Maricopa.
La Junta de Supervisores del Condado de Maricopa ha puesto en marcha lo que parece ser una campaña deliberada de sabotaje contra la Oficina del Registrador. Justo antes de que el registrador Heap asumiera el cargo, la Junta tomó el control de los servidores, bases de datos y sitios web esenciales para la realización de las elecciones, manteniendo como rehenes la infraestructura electoral del condado. La Junta también retiró prácticamente todo el personal de informática relacionado con las elecciones de la Oficina del Registrador, dejándolo sin la capacidad de desempeñar funciones básicas de su cargo. Además, el departamento de informática del Condado ha dejado de atender casi la mitad de las solicitudes de soporte hechas por la Oficina del Registrador, paralizando las operaciones electorales.
A pesar de los intentos de buena fe del registrador Heap para negociar una resolución, incluyendo una oferta de mediación, la Junta se negó a negociar una solución razonable que cumpla con las leyes de Arizona. Esto crea un serio riesgo de un fracaso electoral catastrófico y una gran privación de derechos de los votantes.
Dado que esta controversia involucra una disputa entre diferentes funcionarios electos dentro del Condado que son ambos sus clientes, la fiscal del condado de Maricopa, Rachel Mitchell, tenía un conflicto ético de interés que le obligaba a mantenerse neutral y no involucrarse en la disputa. Sin embargo, la fiscal Mitchell no se mantuvo neutral. Cuando asignó a un abogado externo para representar al registrador Heap en negociaciones con la Junta, solo permitió que ese abogado negociara con la Junta, pero no que entablara demandas contra ella. Es decir, la fiscal del Condado intentó forzar al registrador Heap a negociar desde una posición de debilidad, sin un abogado que pudiera demandar en su nombre. Sin sorpresa, la Junta aprovechó la situación, negándose continuamente a negociar de manera justa y obstinándose en no devolverle al registrador Heap los recursos básicos que necesitaba para desempeñar su cargo.
Asombrosamente, parece que la fiscal Mitchell ha tomado partido en el conflicto, colaborando activamente con la Junta para obstaculizar los esfuerzos del registrador Heap en materia de integridad electoral. Incluso parece que la fiscal Mitchell y la Junta han estado coordinando activamente contra el registrador Heap, a pesar del conflicto de interés que requería que permaneciera neutral e inactiva. De hecho, menos de dos semanas después de que AFL presentara la demanda del registrador Heap contra la Junta, la fiscal Mitchell cometió lo que solo puede describirse como la máxima traición a su propio cliente al presentar su propia demanda contra el registrador Heap. En su demanda, solicita al tribunal que prohíba a AFL representar al registrador Heap y le otorgue a ella el poder de decidir quién lo representa en la demanda contra la Junta. Aunque no existe ningún estatuto ni decisión judicial que lo respalde, ella sigue haciendo la infundada afirmación de que, cuando hay un conflicto de interés que le impide representar al registrador Heap, tiene el poder absoluto de imponerle el abogado que ella elija.
Más del 60 % de la población de Arizona vive en el condado de Maricopa, y lo que está en juego para la integridad de las elecciones en Arizona no podría ser mayor. El sabotaje por parte de la Junta de Supervisores ha asestado un golpe serio a las elecciones del condado, generando una bomba de tiempo que amenaza los derechos electorales de millones de estadounidenses. La Oficina del Registrador está totalmente a merced de la Junta, incapaz de administrar adecuadamente las elecciones ni de depurar el padrón electoral. Lo más alarmante de todo es que los sitios web, sistemas y servidores electorales esenciales permanecen bajo el control de funcionarios que parecen hostiles a los deseos de los votantes de mayor integridad y transparencia en las elecciones del Condado.
Declaración del registrador Heap:
"Es lamentable que las acciones poco profesionales y de mala fe de la Junta nos hayan obligado a litigar este asunto; no obstante, es aún más lamentable que la Junta continúe negando a los votantes del condado de Maricopa las reformas positivas y sensatas de integridad electoral por las que votaron el pasado mes de noviembre cuando me eligieron. Tal como prometí desde el primer día, estoy trabajando para garantizar elecciones honestas, seguras y transparentes para cada votante en el condado de Maricopa. No pienso dar marcha atrás en mi compromiso de cumplir esta promesa. Agradezco a America First Legal por apoyarme en esta batalla".
Declaración de James Rogers, asesor general de America First Legal:
“Lo que estamos presenciando es nada menos que un ataque coordinado contra la conducción legal de las elecciones,” dijo James Rogers, asesor general de America First Legal. “Los funcionarios gubernamentales no deberían poder utilizar sus cargos como arma contra quienes defienden la integridad electoral. La Junta de Supervisores ha privado deliberadamente de fondos a la Oficina del Registrador, le ha quitado recursos esenciales y se ha opuesto activamente a medidas básicas de integridad electoral. Sus acciones irresponsables han puesto a las elecciones del Condado de Maricopa en serio riesgo de fallo catastrófico. La Junta parece más interesada en la venganza política que en proteger a los votantes de Arizona. Aún peor, el intento perturbador de la fiscal Mitchell de impedir que el registrador Heap cuente con una representación competente para seguir con su demanda es alarmante. El registrador Heap tiene todo el derecho a contar con un asesor independiente, especialmente cuando su propia fiscal del condado se ha convertido en su adversaria. Combatiremos este escandaloso abuso de poder con todo lo que tenemos. America First Legal Foundation está demostrando una vez más por qué es el principal defensor nacional de la integridad electoral y los derechos constitucionales. Seguiremos luchando frontalmente contra la corrupción y el abuso de poder, sin importar cuán poderosos sean los adversarios o qué tan difíciles sean las circunstancias. Los enemigos de la integridad electoral descubrirán que AFL nunca retrocede, nunca transige en sus principios y nunca deja de luchar por lo correcto.”
Puedes leer la primera moción aquí.
Puedes leer la segunda moción aquí.
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