febrero 24, 2025
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El registrador del Condado de Maricopa, Justin Heap, da a conocer la línea de tiempo del conflicto con la Junta de Supervisores sobre la autoridad electoral
PHOENIX, AZ - Dada la creciente indignación y el aumento en los reportes de desinformación divulgados por los supervisores del Condado de Maricopa, el registrador Justin Heap aborda el futuro de las elecciones y la urgente necesidad de un nuevo Acuerdo de Servicios Compartidos (Shared Services Agreement) o SSA, por sus siglas en inglés.
Antecedentes
En Arizona, las elecciones requieren la cooperación entre la Junta de Supervisores del condado y el registrador del condado. Las leyes electorales de Arizona, contempladas principalmente en el Título 16 de los Estatutos Revisados de Arizona, asignan una cantidad limitada de funciones exclusivamente al registrador o a la Junta. Sin embargo, para la mayoría de las funciones electorales, la ley señala:
“El registrador del condado u otro funcionario a cargo de las elecciones…” (secciones 16-411, 16-542, 16-550, 16-579.01, 16-584 y 16-621, etc. de los Estatutos Revisados de Arizona).
La vaguedad del lenguaje jurídico es intencional, dando flexibilidad para que el registrador y la Junta en cada condado negocien un acuerdo voluntario aclarando cuál organismo desempeñará cada función en la forma que mejor atienda las necesidades de cada condado. Este acuerdo negociado se denomina “Acuerdo de Servicios Compartidos” (Shared Services Agreement) o SSA, por sus siglas en inglés.
Por más de 30 años (1985–2019), este acuerdo del Condado de Maricopa le otorgó al registrador todas las responsabilidades electorales. En 2019, el registrador Adrian Fontes y la Junta acordaron una división de funciones electorales en la que el registrador estaba a cargo de la votación anticipada y la Junta a cargo de la votación presencial y el conteo de votos. Esta división de funciones se mantuvo cada vez que se actualizó el acuerdo en los años 2019, 2021 y 2023, con el registrador a cargo de la votación anticipada y la Junta a cargo de la votación presencial y del conteo de votos.
El conflicto
Tras perder la reelección en forma aplastante durante la elección primaria de 2024, el registrador saliente, Stephen Richer, y la mayoría saliente de la Junta de Supervisores ejecutaron rápidamente y en secreto un nuevo acuerdo el 18 de octubre de 2024 sin consultar con los funcionarios entrantes. El acuerdo —que entró en vigor el 10 de diciembre de 2024, tan solo unas semanas antes de que asumieran el cargo el nuevo registrador y la nueva Junta— contempla lo siguiente:
- Se transfieren casi todas las funciones electorales del registrador a la Junta (por ejemplo: preparación del sobre para las boletas por correo, envío de boletas por correo, recepción de boletas anticipadas, procesamiento de votación anticipada, procesamiento previo al conteo, etc.), reduciendo las funciones de la Oficina del Registrador a un “departamento de verificación de firmas” a nombre de la Junta.
- Se reasignan 39 empleados del registrador a la Junta: 30 del área de informática, 5 de GIS (mapeo de secciones electorales) y 4 de procesamiento electoral, dejando al registrador como el único funcionario electo en el condado sin su propio personal de informática.
- Se reasignan 5 millones de dólares del presupuesto del registrador y el control de sistemas importantes (software de inscripción electoral, servidores, etc.) a la Junta.
- Se redirigieron inapropiadamente a la Junta las solicitudes de registros públicos y la supervisión de empleados electorales temporales a pesar de las funciones legales del registrador.
Este arrebato de facultades al último minuto y en secreto representa un imprudente exceso a cargo de los impopulares funcionarios salientes que buscaban limitar a los funcionarios electos entrantes, consolidando de manera efectiva todas las funciones electorales bajo la Junta de Supervisores. Este acuerdo limita sustancialmente la capacidad del registrador para gestionar los sistemas electorales, supervisar la votación anticipada y mejorar la agilidad de las elecciones; incluso la capacidad para inscribir documentos públicos.
Después de consultar con la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa, el registrador Heap envió una carta a los integrantes de la junta, explicando que, de acuerdo con las leyes de Arizona, un acuerdo voluntario firmado por el anterior registrador y la junta anterior no es vinculante ni se puede ejecutar sin el consentimiento del registrador o de la Junta actual. Por lo tanto, el registrador Heap canceló formalmente el acuerdo de la anterior administración y solicitó a la Junta que programara una sesión ejecutiva con el registrador para discutir los términos de un nuevo acuerdo.
Durante las últimas ocho semanas, el registrador Heap ha buscado incansablemente cada opción posible para dialogar con la Junta de Supervisores y negociar un nuevo Acuerdo de Servicios Compartidos. Por medio de cartas oficiales, correos electrónicos, llamadas telefónicas y solicitudes directas para reunirse, ha buscado una solución conjunta para asegurar elecciones eficientes. A pesar de estos esfuerzos hechos de buena fe, la Junta no ha programado ninguna reunión para atender estos importantes temas, dejando sin respuesta el llamado del registrador Heap y poniendo en peligro la buena disposición de las elecciones en el condado de Maricopa.
Los retos
Pero no nos confundamos: debido a las acciones de la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa, el condado de mayor población de Arizona actualmente no cuenta con ningún acuerdo de servicios compartidos, destinando al fracaso la elección extraordinaria de 2025 y la elección de 2026. Sin un acuerdo de servicios compartidos, las funciones vuelven a lo que contemplan las leyes de Arizona, lo cual virtualmente asegura duplicidades e ineficiencia que lesionan a los votantes del condado de Maricopa.
El registrador Heap busca una solución práctica y pragmática con la Junta; un resultado que evite costosos pleitos legales, pero su silencio amenaza la preparación de las elecciones a medida que se aproxima la fecha límite de la elección de mayo de 2025.
La propuesta del registrador Heap
Las solicitudes del registrador del Condado de Maricopa, Justin Heap, son sencillas y razonables:
- Reinstalar la estructura del acuerdo de servicios compartidos de 2021 con modificaciones mutuamente acordadas.
- Regresar a la Oficina del Registrador a los 4 empleados de tiempo completo de procesamiento del área de votación anticipada, 5 técnicos de tiempo completo de GIS y un mínimo de 15 empleados de tiempo completo del área de informática.
- Reinstalar la completa autoridad del registrador sobre la votación anticipada de conformidad con la ley y con los acuerdos anteriores.
Esta propuesta es eminentemente razonable. Otorga precisamente los mismos deberes y facultades otorgadas a anteriores registradores y asegura que no haya más ni menos autoridad que cualquier otro registrador anterior desde 2018. Esta propuesta simplemente regresa la relación bien establecida entre las partes que existió antes del acuerdo creado en 2024 a última hora por los funcionarios salientes.
“El obsequio de despedida de Stephen Richer a los votantes del condado de Maricopa, después de sufrir una vergonzosa derrota electoral, fue un acuerdo punitivo a escondidas con la mayoría de los integrantes salientes de la Junta, diseñado para atar de manos a la Oficina del Registrador”, mencionó el registrador Justin Heap. “Durante semanas, desde antes de tomar posesión del cargo, busqué soluciones razonables y de sentido común con mis compañeros republicanos en la Junta, quienes solo nos han ignorado. Las elecciones del condado de Maricopa necesitan un acuerdo de servicios compartido práctico y funcional a fin de garantizar elecciones eficientes y precisas; sin embargo, la negación de los supervisores por participar en un diálogo honesto pone en riesgo de crisis nuestras próximas elecciones”.
“Con una elección a menos de 90 días”, agregó el registrador Heap, “la falta de voluntad de los supervisores por atender estas preocupaciones me obligará a tomar acciones legales en contra de la Junta a fin de restaurar la completa autoridad de esta oficina y entregar los resultados que pidieron los votantes al elegirme. Si la Junta no está dispuesta a dialogar de buena fe con el registrador sobre nuestras funciones electorales que legalmente compartimos, entonces tal vez sea tiempo de regresar todas las responsabilidades electorales a la Oficina del Registrador, algo que acepto con gran gusto”.
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